¿Presunción de Inocencia o Juicio Público? El debate en torno a las denuncias públicas de acoso en política

En los últimos años, el debate sobre cómo gestionar las denuncias de acoso y violencia de género en la esfera pública y política ha crecido de manera vertiginosa. Las redes sociales y los medios de comunicación han facilitado la visibilización de casos de abuso y han empoderado a muchas víctimas para que hagan oír su voz. Sin embargo, este fenómeno también ha desatado cuestionamientos sobre los efectos de lo que algunos consideran “juicios mediáticos”, donde la presunción de inocencia parece ponerse en riesgo.

Recientemente, el caso del político Íñigo Errejón ha sido ejemplo de este tipo de controversias. Algunas voces críticas se han mostrado escépticas ante el manejo de las acusaciones en su contra, cuestionando si se ha respetado la presunción de inocencia y hasta qué punto algunas figuras feministas han adoptado posturas aparentemente contradictorias. Para estos críticos, el caso de Errejón evidencia una tendencia preocupante en la que las denuncias, al ser ventiladas públicamente, pueden desembocar en juicios anticipados, donde la reputación de los implicados queda expuesta, independientemente de que el proceso judicial haya concluido o no.

La cultura de la denuncia pública: ¿Instrumento de justicia o arma de destrucción?

Uno de los argumentos que surge en este contexto es el que considera que la denuncia pública, promovida en redes sociales y medios, es un arma de doble filo. Por un lado, ha permitido que se hable abiertamente de temas antes considerados tabú y ha dado voz a muchas personas que, por diversos motivos, temían denunciar formalmente. Sin embargo, para quienes critican esta tendencia, la exposición pública de las denuncias puede dañar irremediablemente la vida de los acusados, incluso cuando finalmente son exonerados por la justicia.

A esto se suma la percepción de que, en ciertos casos, existe un manejo estratégico de la información por parte de algunos sectores políticos o movimientos feministas. Desde esta perspectiva crítica, el feminismo, o al menos ciertos sectores dentro de él, es acusado de actuar en algunos casos como “encubridor” de información, en función de alianzas políticas y de una postura pública que privilegia la denuncia sin importar las consecuencias para la persona denunciada. Así, se plantea la posibilidad de que ciertas dinámicas de poder político y mediático influyan en cómo se procesan y presentan estos casos.

El dilema: Garantizar justicia para las víctimas sin vulnerar derechos

El desafío, según esta perspectiva, es hallar un equilibrio justo. Nadie duda de la importancia de dar espacio a las voces de las víctimas y de poner el foco en los problemas de acoso y violencia de género. Sin embargo, la duda recae en la metodología y en las posibles repercusiones de esta “cultura de la cancelación” o de los “juicios mediáticos”. La presunción de inocencia es un pilar básico del sistema judicial en las democracias y cualquier señalamiento que la ponga en duda es visto como un riesgo no solo para el acusado, sino para la integridad de todo el proceso judicial.

Para quienes defienden el sistema actual de denuncia pública, el problema radica en que, en el pasado, los procedimientos legales no siempre han sido eficaces para amparar a las víctimas. Alegan que los juicios mediáticos son, en muchos casos, una reacción a la impunidad percibida en los tribunales y un intento de reclamar justicia en un espacio donde la gente se siente más escuchada.

No obstante, el planteamiento de que ciertas organizaciones políticas o feministas pudieran estar utilizando estratégicamente las denuncias, silenciando unas y amplificando otras según convenga, es motivo de debate y provoca aún mayor polarización. Este debate no es exclusivo de España; la cuestión de cómo gestionar las denuncias de violencia de género y acoso sin desvirtuar la presunción de inocencia resuena en todo el mundo.

Reflexiones finales: Un camino complejo hacia una justicia equilibrada

El debate sobre las denuncias públicas en redes sociales y su manejo en el ámbito político no parece tener una solución inmediata. Como sociedad, queda la tarea de buscar formas de proteger tanto a las víctimas de acoso y abuso, como a las personas acusadas injustamente. Es imperativo crear un espacio seguro donde las denuncias puedan ser escuchadas sin que ello implique un juicio anticipado y que el proceso judicial sea capaz de manejar estos casos de manera efectiva y con la debida sensibilidad.

Mientras tanto, la controversia continúa alimentando opiniones polarizadas, reflejando las tensiones de una sociedad en proceso de cambio.