El hallazgo del cuerpo sin vida de Arnoldo Nicolás Romero, líder del Comisariado Ejidal de Buena Vista, San Juan Guichicovi, ha conmocionado al Istmo de Tehuantepec. El activista, desaparecido desde el 17 de enero, fue encontrado este martes en un rancho entre Santa Ana y la cabecera municipal. Presentaba impactos de bala, quemaduras, y un avanzado estado de descomposición, según confirmaron sus familiares. Este trágico evento ha movilizado a organizaciones sociales, activistas y comunidades indígenas, quienes exigen justicia y esclarecimiento inmediato de los hechos.

Contexto del crimen: defensor de la tierra y opositor al Tren Interoceánico
Arnoldo Nicolás Romero era conocido por su férrea oposición al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto impulsado por el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Este plan busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través de un corredor ferroviario y portuario. Sin embargo, comunidades originarias, representadas por líderes como Romero, han denunciado el impacto ambiental y social de estas obras, las cuales consideran una amenaza para la autonomía y los derechos de la tierra en la región.
En este contexto, el crimen contra Romero no solo representa un ataque personal, sino también un golpe al movimiento de resistencia indígena.
La reacción de las organizaciones: unidad contra la impunidad
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) condenó enérgicamente el asesinato, calificándolo como un acto cobarde. En un comunicado oficial, exigieron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables. Además, hicieron un llamado a las comunidades del Istmo a mantenerse unidas y vigilantes.
Por su parte, la ONG Artículo 19, reconocida por su defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, se sumó a la exigencia de justicia y ha solicitado medidas de protección inmediatas para las personas defensoras del medio ambiente y la tierra.
Crímenes contra activistas: un patrón preocupante
El asesinato de Arnoldo Nicolás Romero no es un caso aislado. Según datos de organizaciones civiles, México es uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. En el Istmo, al menos 61 comuneros de Oaxaca han enfrentado denuncias penales por protestar contra el Corredor Interoceánico, lo que evidencia una preocupante criminalización de la resistencia indígena.
Los delitos más comunes incluyen ataques a vías de comunicación, robo y daño a obras públicas, con el fin de desarticular movimientos sociales. Estas acciones, denuncian las organizaciones, buscan desalentar la lucha por los derechos de las comunidades originarias.
¿Qué sigue para la justicia en el Istmo?
La lucha por la justicia en el caso de Romero apenas comienza. Su muerte ha encendido las alarmas sobre la falta de seguridad para los activistas y la necesidad de un marco legal que garantice la protección de los derechos indígenas. Organizaciones como UCIZONI han invitado a la población del Istmo a continuar exigiendo transparencia y celeridad en las investigaciones, así como la implementación de medidas que prevengan nuevos actos de violencia. En palabras de uno de sus líderes: «El asesinato de Arnoldo no debe quedar impune. Es nuestra responsabilidad como comunidad no permitir que su lucha sea olvidada.»